Vamos a andar Rafael Puente
http://www.paginasiete.bo/2012-07-27/Opinion/Destacados/18Opi00127-07-12-P720120727VIE.aspx
- 26/07/2012
El pasado 4
de julio el viceministro de Vivienda y Urbanismo hizo llegar a la Federación de
Asociaciones de Municipios un borrador de Reglamento de la Ley de Regulación de
Derecho Propietario sobre Bienes Inmuebles Urbanos Destinados a Vivienda, texto
que la Federación de Asociaciones de Municipios (FAM) difundió -a través de sus
asociadas- al país entero. Dicha ley había sido promulgada (con el número 247)
el día 5 del mes anterior, por lo que de entrada resulta sorprendente la
rapidez con que se elabora un reglamento del que otras leyes más antiguas e
importantes todavía carecen.
Pero ciertamente el problema no está en la celeridad, sino en la tendencia inaceptable con que se ha elaborado dicho reglamento, dado que en lugar de recoger el espíritu y la letra de la ley de Regulación -que apunta directa y exclusivamente a regularizar urbanizaciones ilegales que puedan demostrar por lo menos cinco años de antigüedad-, y curiosamente después de recoger el objeto de la ley que no deja lugar a ninguna duda -exclusivamente ese tipo de urbanizaciones- se dedica a tergiversar conceptos y a ampliar la posibilidad de futuras urbanizaciones prácticamente sin límite alguno.
De esta manera se tergiversa el carácter transitorio y de emergencia que caracteriza a la Ley 247, que apunta a un objetivo indiscutiblemente social (el de “curar” las acciones ilegales cometidas por diversos tipos de loteadores a costa de la ingenuidad y la necesidad de miles y miles de familias humildes que tienen derecho a una vivienda legal), pretendiendo convertirla en una norma que regularía procesos de urbanización en general, sin límites de tiempo ni de espacio.
En ese afán cae en la aberración de incluir una caprichosa definición de área protegida (ignorando el artículo 385 de la Constitución y los artículos 60 y 61 de la Ley de Medio Ambiente) con el único afán de abrir las puertas a eventuales urbanizaciones en áreas protegidas.
De manera igualmente inconstitucional y caprichosa se atreve a establecer que toda área agrícola puede considerarse “área de expansión urbana”, lo que además de una arbitrariedad viene a ser un atentado contra la política de Seguridad y Soberanía Alimentaria proclamada por nuestro Gobierno en la última Cumbre de la OEA, y objeto central de la Ley de la Revolución Productiva.
Se trata por tanto de un reglamento que, en lugar de precisar el contenido de la Ley 247, lo que hace es tergiversarla y al final convertirla en lo contrario de lo que pretende, que es solucionar los graves problemas causados por el fatídico gremio de los loteadores, y en ningún caso abrirles las puertas para que sigan delinquiendo.
Son numerosas las instituciones que se han mostrado extrañadas por este engendro con pretensiones de reglamento y se han preguntado cómo se explica. Y la única explicación que parece verosímil es la de la participación en su elaboración de personeros de Conaljuve, muy concretamente la de algún conocido agente de la NFR que lo único que hace es buscar la perennización de un antiguo negocio. Pero precisamente la defensa de las familias más pobres, junto a la defensa de los derechos de la Madre Tierra, debería llevarnos a todo lo contrario, a poner fin al negocio de los loteadores, y si pudiera ser a procesar a esta interminable maraña de delincuentes que se enriquecen a costa de los más pobres y de la Madre Tierra. Por eso nos sumamos a través de esta columna a una serie de voces que están expresando su indignación y su petición de que se descarte este borrador y se elabore un auténtico reglamento de la ley en cuestión.
No se puede negar que los loteadores han sido rápidos y atrevidos -aunque también muy burdos- y que han logrado nada menos que infiltrar el trabajo de un viceministerio. Pero podemos confiar en que jamás lograrán imponerse al ministro de Obras Públicas -última autoridad en la materia-, un compañero de probada profesionalidad y honestidad al que en este momento se dirigen las muchas voces a que hacíamos referencia. Amén.
Rafael Puente es miembro del Colectivo Urbano por el Cambio (CUECA) de Cochabamba.
Pero ciertamente el problema no está en la celeridad, sino en la tendencia inaceptable con que se ha elaborado dicho reglamento, dado que en lugar de recoger el espíritu y la letra de la ley de Regulación -que apunta directa y exclusivamente a regularizar urbanizaciones ilegales que puedan demostrar por lo menos cinco años de antigüedad-, y curiosamente después de recoger el objeto de la ley que no deja lugar a ninguna duda -exclusivamente ese tipo de urbanizaciones- se dedica a tergiversar conceptos y a ampliar la posibilidad de futuras urbanizaciones prácticamente sin límite alguno.
De esta manera se tergiversa el carácter transitorio y de emergencia que caracteriza a la Ley 247, que apunta a un objetivo indiscutiblemente social (el de “curar” las acciones ilegales cometidas por diversos tipos de loteadores a costa de la ingenuidad y la necesidad de miles y miles de familias humildes que tienen derecho a una vivienda legal), pretendiendo convertirla en una norma que regularía procesos de urbanización en general, sin límites de tiempo ni de espacio.
En ese afán cae en la aberración de incluir una caprichosa definición de área protegida (ignorando el artículo 385 de la Constitución y los artículos 60 y 61 de la Ley de Medio Ambiente) con el único afán de abrir las puertas a eventuales urbanizaciones en áreas protegidas.
De manera igualmente inconstitucional y caprichosa se atreve a establecer que toda área agrícola puede considerarse “área de expansión urbana”, lo que además de una arbitrariedad viene a ser un atentado contra la política de Seguridad y Soberanía Alimentaria proclamada por nuestro Gobierno en la última Cumbre de la OEA, y objeto central de la Ley de la Revolución Productiva.
Se trata por tanto de un reglamento que, en lugar de precisar el contenido de la Ley 247, lo que hace es tergiversarla y al final convertirla en lo contrario de lo que pretende, que es solucionar los graves problemas causados por el fatídico gremio de los loteadores, y en ningún caso abrirles las puertas para que sigan delinquiendo.
Son numerosas las instituciones que se han mostrado extrañadas por este engendro con pretensiones de reglamento y se han preguntado cómo se explica. Y la única explicación que parece verosímil es la de la participación en su elaboración de personeros de Conaljuve, muy concretamente la de algún conocido agente de la NFR que lo único que hace es buscar la perennización de un antiguo negocio. Pero precisamente la defensa de las familias más pobres, junto a la defensa de los derechos de la Madre Tierra, debería llevarnos a todo lo contrario, a poner fin al negocio de los loteadores, y si pudiera ser a procesar a esta interminable maraña de delincuentes que se enriquecen a costa de los más pobres y de la Madre Tierra. Por eso nos sumamos a través de esta columna a una serie de voces que están expresando su indignación y su petición de que se descarte este borrador y se elabore un auténtico reglamento de la ley en cuestión.
No se puede negar que los loteadores han sido rápidos y atrevidos -aunque también muy burdos- y que han logrado nada menos que infiltrar el trabajo de un viceministerio. Pero podemos confiar en que jamás lograrán imponerse al ministro de Obras Públicas -última autoridad en la materia-, un compañero de probada profesionalidad y honestidad al que en este momento se dirigen las muchas voces a que hacíamos referencia. Amén.
Rafael Puente es miembro del Colectivo Urbano por el Cambio (CUECA) de Cochabamba.
