martes, 30 de octubre de 2012

Periodista sufre quemaduras en atentado a radio

Yacuiba. 5 desconocidos prendieron fuego a dos personas. Hay 3 detenidos

La Razón / Christian Galindo / La Paz
03:20 / 30 de octubre de 2012

El periodista y propietario de radio Popular de Yacuiba, Fernando Vidal, y la operadora Karen Anze resultaron heridos con quemaduras tras el ataque de cinco desconocidos, quienes les prendieron fuego en pleno programa informativo.
El hecho ocurrió a las 10.45 de ayer, en la emisora de la ciudad fronteriza (en Tarija), cuando Vidal, de 78 años, entrevistaba a dos mujeres que denunciaban corrupción del COA (Control Operativo Aduanero) y cinco personas aparecieron en el estudio, lanzaron botellas con combustible y encendieron el fuego.
“El atentado se escuchó en vivo. Vidal a los gritos pidió agua y luego hizo salir por la ventana a las entrevistadas. Después del griterío, el silencio se apoderó de la radio, pues los terroristas destruyeron los equipos”, informó ayer el portal www.yacuiba.com.
Esteban Farfán, periodista de radio Popular y familiar de Vidal, informó a La Razón que el propietario de la emisora se encuentra estable, “pero con varias quemaduras (en la cabeza, pecho, estómago y los brazos)”. Ayer por la tarde fue trasladado a la ciudad de Santa Cruz de la Sierra para recibir tratamiento.
En cuanto a la operadora, se indicó que se encuentra en terapia intensiva intermedia, tiene quemaduras y permanece en observación en un centro de salud de Yacuiba.  La Policía detuvo a tres sospechosos de formar parte del grupo de agresores. Vidal y Anze los reconocieron al ver las fotografías y ahora se espera la acusación formar de la Fiscalía.
El reconocido periodista habló ayer con sus familiares y aseguró que sabe quién mandó a los sujetos. “Él sabe quiénes son y lo dirá en su momento, porque esa gente no vino a robar, sino a amedrentar, a amenazarlo para que se calle. Él es crítico con el poder incrustado y con la gente que malgasta los recursos de los chaqueños. Hay autores intelectuales ”, aseveró Farfán.
Reacciones. En tanto, el Ministerio de Gobierno, a través de un comunicado, condenó el atentado e informó que se ordenó “una investigación acelerada y rigurosa” para dar con los responsables y someterlos ante las autoridades judiciales pertinentes.
Asimismo, organizaciones de periodistas, como la Confederación, Federación de Santa Cruz y la Asociación Nacional de la Prensa (ANP) condenaron el atentado ejecutado por desconocidos “para impedir el ejercicio ciudadano de la Libertad de Expresión en esta región”, según una nota de la última entidad. El secretario ejecutivo de la Federación de Trabajadores de la Prensa de Tarija, Hugo Bellido, calificó de “cobarde y criminal” la agresión a Vidal; además pidió garantías al Gobierno.

Piden acogerse a juicio de imprenta

http://www.la-razon.com/nacional/Piden-acogerse-juicio-imprenta_0_1715228483.html

Procesos. Directores de Página Siete y ANF prestaron declaraciones ante la fiscal
Fiscalía. El director de ANF, José Gramunt, presta su declaración.
Fiscalía. El director de ANF, José Gramunt, presta su declaración.
La Razón / Iván Paredes / La Paz
01:25 / 30 de octubre de 2012
Los directores del diario Página Siete y de la Agencia de Noticias Fides (ANF) pidieron a la Fiscalía trasladar a un Tribunal de Imprenta el proceso que les inició el Gobierno. Los periodistas prestaron ayer su declaración ante la fiscal Claudia Pastén Alarcón.
La administración de Evo Morales denunció en agosto ante el Ministerio Público a los periódicos Página Siete y El Diario y ANF por la publicación de notas supuestamente tergiversadas sobre un discurso del Jefe de Estado.
En ese entonces, ANF tituló “Evo dice que si se hambrea en el oriente es por ‘flojera’”. Esta información luego fue replicada por Página Siete, que tituló “Evo acusa de ‘flojos’ a los habitantes del oriente”, y por su parte, el matutino El Diario señaló que “Evo dice que el oriental es flojo y le critican por discriminador”.
Citado por la agencia Fides, Raúl Peñaranda, director de Página Siete, afirmó que “le he señalado (a la fiscal) que el Tribunal de Imprenta ya está conformado por el municipio de La Paz y, por lo tanto, ésa es la vía que debería ver. Un periodista no puede ser juzgado por los tribunales ordinarios (...), tiene que ir por la Ley de Imprenta”.
Medios. Lo mismo que Peñaranda, el director de ANF, José Gramunt, pidió a la fiscal Pastén remitir el proceso a un Tribunal de Imprenta. “Los periodistas deben ser juzgados por un tribunal especial, como lo es el Tribunal de Imprenta”, señaló el sacerdote.  La fiscal del caso anunció que evaluará si el proceso se remite al Tribunal de Imprenta. “(Veremos) si el caso amerita un Tribunal de Imprenta o por la vía ordinaria”, señaló la autoridad judicial.
Hoy prestará su declaración ante la fiscal el director de El Diario, Antonio Carrasco. Por su parte, la Asociación Nacional de la Prensa (ANP) y la Asociación de Periodistas de La Paz (APLP) pidieron, por separado, derivar el proceso legal a un Tribunal de Imprenta.

¿Para qué 500 millones de dólares?

Armando Méndez Morales

 http://www.paginasiete.bo/2012-10-30/Opinion/Destacados/15Opi00130-10-12-P720121030MAR.aspx

- 29/10/2012

El Gobierno del presidente Morales, que se caracteriza por su abierto discurso ideológico anticapitalista, acaba de presentarse al mundo como un país que está dispuesto a jugar las reglas del sistema. Si algo es esencial al capitalismo es el mundo financiero, las bolsas de valores. Un rasgo primordial del capitalismo es que hay ahorradores y hay inversores.

En el país la noticia se recibió con beneplácito, destacándose que los interesados en comprar los 500 millones de dólares superaron varias veces este monto. Se resaltó que Bolivia consiguió una tasa de interés más baja con relación a otros países que tienen la misma calificación de riesgo BB-. Lo que no se dijo es que esos países emitieron esos bonos ya hace varios años, cuando la situación financiera mundial no era la actual. Hace un mes, Brasil colocó deuda a una tasa de interés del 2,6%, lo que en lenguaje financiero implica que paga 220 puntos básicos menos que de lo que hará Bolivia. Y esto es así porque Brasil tiene una mejor calificación al momento de medir el “riesgo país”.

Fitch Ratings tiene una escala para calificar el riesgo país que abarca 21 posiciones; desde D hasta la triple A. D es el escalón más bajo y el lugar 21 ocupa la triple A. Esta última implica excelencia crediticia; es un pagador absolutamente seguro. D implica que no paga sus obligaciones financieras. Entre ambos extremos hay una variedad de posiciones desde los menos confiables a los más. Bolivia, desde hace poco, subió un peldaño y ahora se encuentra en el noveno escalón (BB-), que implica encontrarse en la situación de “especulación”. ¿Qué quiere decir esto? Que no es un país seguro, por lo que los prestamistas esperan una tasa de interés que compense este riesgo. Por esta razón la tasa de interés que está pagando Bolivia es: “306 puntos básicos sobre los papeles comparables del Tesoro de Estados Unidos”.

¿Por qué hubo una muy buena acogida de los bonos bolivianos en los mercados financieros especulativos? Desde que estalló la crisis financiera mundial del año 2007, la cual devino en recesión económica en 2009 y ahora está afincada en Europa con la grave crisis de deuda pública -precisamente del tipo de bonos que Bolivia acaba de vender-, el mundo desarrollado está lleno de dinero que no tiene dónde colocarse. El dinero especulativo está “parqueado” y no gana ningún interés. América Latina está atravesando por uno de sus mejores momentos, lo que atrae a todo tipo de capitalistas. Ven en la región un lugar donde ganar, cuando en EEUU y en Europa no la ven. Ésta es la primera razón que explica el interés por la deuda boliviana.

Otra razón, la economía boliviana está atravesando por un muy buen periodo económico, con una tasa de crecimiento anual del 5%, un comercio exterior altamente favorable, país superavitario, algo excepcional en América Latina. Esta situación se ha traducido en un continuo aumento de reservas internacionales que desde un nivel de 1.700 millones de dólares en 2005 subió a más de 13.000 millones, un monto que representa el 50% del PIB, algo parecido a lo que tiene el coloso China. Como la deuda pública externa nos la condonaron, ésta se redujo drásticamente hasta ubicarse hoy en el 15% del PIB, un nivel que no se tiene registrado desde que se tiene información sobre la deuda externa boliviana. Esta información la saben quienes han comprado los bonos bolivianos y que recibirán una tasa de interés de 4,8% anual en los siguientes diez años, 2,2% más de lo que paga Brasil.

El Gobierno continuamente nos recuerda que el sector público ahora es superavitario. Según las cifras oficiales, esto se confirma. Desde el año 2006 se tiene superávit fiscal, lo cual quiere decir que el sector público gasta menos de los ingresos que recibe, algo inverosímil para el pasado. El ahorro acumulado desde entonces hasta el mes de agosto del presente año alcanza a 2.800 millones de dólares. recursos que se encuentran depositados en el Banco Central de Bolivia.

En este contexto cabe la pregunta: ¿para qué el endeudamiento? ¿Acaso no puede utilizarse esos ahorros acumulados? El ministro Luis Arce, en principio, ha declarado que el propósito es sentar a Bolivia en las ligas mayores de la colocación de “bonos soberanos después de 90 años”. Si éste fuese el caso, los 500 millones de dólares se depositarían en el Banco Central, con lo que aumentarían en ese monto las reservas internacionales. La salvedad está en que mientras se paga 4,8% de interés por esos recursos, como parte de las reservas internacionales no ganaría más allá de un 1%.

Pero luego el ministro Arce ha dicho: “Se va a invertir en carreteras, en proyectos productivos”. En este caso quiere decir que se van a gastar, pero al hacerlo el sector público boliviano entrará en déficit, porque estará gastando más allá de sus ingresos. Si es así se justifica el endeudamiento y con ello se está anunciado que en el futuro el sector público boliviano volverá a sus andadas, que es el crónico déficit fiscal, con la consiguiente expansión de la deuda pública, algo que hoy hace crisis en Europa.

Armando Méndez Morales es miembro de la Academia Boliviana de Ciencias Económicas.

Jindal dice que se busca aprehender a sus ejecutivos

Fiscalía pide edicto

LA compañía Jindal Steel Bolivia afirma que, tras el anunció de la Fiscalía de que emitirá edictos para citar a dos ejecutivos de esa firma, se muestra queel Gobierno busca aprehender a sus administrativos.

 http://www.paginasiete.bo/2012-10-30/Economia/Destacados/9eco301012-01.aspx

Página Siete / La Paz - 29/10/2012

Archivo Página Siete
Archivo Página Siete
Maquinaria de JSB en el Mutún, en Puerto Suárez.
La compañía Jindal Steel Bolivia afirma que, tras el anunció de la Fiscalía de que emitirá edictos para citar a dos ejecutivos de esa firma, se muestra que el Gobierno busca aprehender a sus administrativos.

El abogado de esa firma, Jorge Valda, informó a este diario que “el fiscal está omitiendo la notificación que se debería hacer a la empresa; consideramos que una vez que emita los edictos, procederá -como es la intención que siempre ha tenido- a expedir mandamientos de aprehensión”.

El fiscal Aldo Ortiz, quien investiga el presunto incumplimiento de contrato de Jindal por la explotación del hierro del Mutún, informó que solicitará a la autoridad a cargo del control jurisdiccional que emita edictos dirigidos al director de JSB, Arvind Sharma, y a su presidente del directorio, Vikrant Gujral.

Valda señaló que sus defendidos no fueron notificados de forma personal.

Directores de medios piden que el caso pase a Ley de Imprenta

El Gobierno les acusa de incitación al racismo

http://www.paginasiete.bo/2012-10-30/Nacional/NoticiaPrincipal/2Nac00130.aspx

Raúl Peñaranda y José Gramunt declararon ayer ante una fiscal y desconocieron la tuición de la Fiscalía en este caso y pidieron ser sometidos a Tribunal de Imprenta.

Página Siete / La Paz - 30/10/2012

EFE
EFE
Gramunt sale de la Fiscalía de La Paz junto a su abogado.
Los directores de la Agencia de Noticias Fides (ANF), José Gramunt, y del periódico Página Siete, Raúl Peñaranda, se presentaron ayer por separado ante el Ministerio Público para declarar por el proceso de supuesta inducción al racismo, instaurado por el Gobierno. Ambos desconocieron la competencia de la Fiscalía y pidieron que el caso sea derivado a un Tribunal de Imprenta.

Gramunt de Moragas, de 90 años, rechazó la competencia de la Fiscalía en este caso. “Se ha negado toda competencia para hechos que no son delictivos”, declaró el sacerdote ante los medios de prensa una vez culminada su declaración y rechazó “absolutamente” que se haya incurrido en un delito de incitación al racismo con la difusión de una nota informativa que resumía un discurso presidencial, según reportó ayer la agencia ANF.

“Esto no es para la justicia ordinaria, corresponde a la justicia especial del Tribunal de Imprenta”, precisó Gramunt, quien dijo además que la actuación de la fiscal Claudia Pastén fue “muy correcta”. Gramunt, ganador del premio nacional de Periodismo en 1993, a pesar de la negación de competencia, garantizó su presencia a cualquier requerimiento del Ministerio Público, “somos fieles a la ley”, aseveró.

Sin embargo, consideró que este proceso judicial es un “capricho del Gobierno”.

Por su parte, el director de Página Siete afirmó que “no le hemos reconocido competencia (al Ministerio Público) pero cuando me cita un fiscal a declarar, yo tengo que venir a declarar. Nosotros desconocemos la competencia de la justicia ordinaria porque en Bolivia está vigente la Ley de Imprenta”. Peñaranda compareció ante la fiscal ayer antes del mediodía.

El periodista recordó que el presidente Evo Morales reconoció la vigencia de la Ley de Imprenta y, por lo tanto, pidió ser procesado por esa instancia.

“No estamos en contra de que haya un proceso, pero tiene que ser por el conducto que establece la ley, que es un Tribunal de Imprenta”, pidió Peñaranda.

El Gobierno acusa a los matutino Página Siete y El Diario, y a la agencia ANF, de haber tergiversado el discurso sobre la pobreza y la producción en el oriente boliviano, que pronunció el presidente Morales el pasado 15 de agosto en Tiwanaku.

Para hoy está previsto la declaración de Ernesto Murillo, de El Diario, y de su gerente general, Jorge Carrasco Guzmán. El miércoles continuará las declaraciones sobre este proceso.

Periodistas ven “amedrentación”

El presidente de la Asociación de Periodistas de La Paz (APLP), Antonio Vargas, manifestó que el proceso instaurado por el Gobierno ante el Ministerio Público es una “amedrentación” que atenta a la libertad de expresión.

“Es una amedrentación del Órgano Ejecutivo y a invitarlos de manera un tanto forzada hacia la autocensura. Hemos conversado con varios compañeros que trabajan en medios impresos y naturalmente existe bastante temor a la hora de titular una noticia y esto naturalmente nos está hablando de un estrangulamiento permanente que está liquidando la libertad de expresión”. Vargas declaró que, de acuerdo al mandato de la Constitución Política del Estado, el caso debe dilucidarse con la Ley de Imprenta, los códigos y normas de ética que tienen las organizaciones de periodistas y que juntas conforman la autorregulación.

El responsable de la Asociación Nacional de la Prensa (ANP), Juan León, dejó establecido ayer que esa entidad no reconoce la competencia del Ministerio Público ni de otros tribunales ordinarios para procesar a los periodistas en el país.

Atentan contra una emisora y dejan 2 radialistas quemados

El ataque con fuego se produjo en Radio Popular de Yacuiba

http://www.paginasiete.bo/2012-10-30/Nacional/Destacados/33Al-00130.aspx

DELITO Cuatro desconocidos rociaron combustible al dueño y a la operadora. Los heridos fueron llevados a Santa Cruz. La Policía logró detener a tres sospechosos.

Página Siete / La Paz - 30/10/2012

APG
APG
Así quedaron las instalaciones de la emisora atacada por los desconocidos.
El periodista y propietario de Radio Popular 95.1 FM, Fernando Vidal, y la operadora de la emisora, Karen Arce, resultaron ayer heridos con quemaduras de segundo grado en un ataque con fuego perpetrado a las 10:30 por cuatro sujetos encapuchados en Yacuiba.

Dos horas y media después, un operativo policial permitió la detención de tres sospechosos, aunque un cuarto sujeto aún se encontraría prófugo.

Las cuatro personas irrumpieron en la emisora, rociaron con combustible y prendieron fuego a Vidal y a Arce. La Asociación Nacional de la Prensa reportó que aparentemente el propósito de los atacantes era la interrupción del programa de entrevistas en vivo que dirigía Vidal para dialogar sobre el contrabando en la zona.

“Vidal ha sufrido quemaduras de segundo grado, entre superficiales y profundas, de la región de la cara, extremidades, parte del tórax y abdomen, sin embargo su situación actual es estable. La señora (') sufre quemaduras de segundo grado, en extremidad superior izquierdo, en ambas extremidades inferiores y en región del torso”, dijo el médico forense Wálter Flores.

Por la gravedad de las heridas, las víctimas fueron trasladadas a la clínica Santa María de Santa Cruz de la Sierra.

El Ministerio de Gobierno aseguró que “se ha ordenado una investigación acelerada y rigurosa para dar con los responsables y someterlos ante las autoridades judiciales pertinentes”.

“Los desconocidos lanzaron bombas molotov contra el inmueble de Radio Popular, que a menudo brinda denuncias contra funcionarios del Gobierno”, destacó un testigo a través de Facebook.

Sospechosos detenidos

Después del atentado, la Policía aprehendió a las 13:00 a tres sujetos, quienes presumiblemente son los autores del atentado.

ANF y ERBOL coincidieron en los nombres de dos detenidos, pero difirieron en la identidad del tercer aprehendido. Los tres sospechosos fueron sindicados de tentativa de asesinato.

Entretanto, el director regional de la FELCC de Yacuiba, coronel Miguel Villarroel, informó sobre una persona prófuga.

El atentado es el segundo contra un medio en Yacuiba. En 2008, un canal de televisión fue atacado con explosivos y hasta la fecha el caso no fue esclarecido. Hace diez años, Vidal fue alcalde y concejal de Yacuiba y luego se dedicó a la radiodifusión con un programa en el que se emitían comentarios sobre temas de corrupción.

domingo, 28 de octubre de 2012

Lo acato, pero no lo cumplo

http://www.paginasiete.bo/2012-10-28/Opinion/Destacados/17Opi00228-10-12-P720121028DOM.aspx

- 27/10/2012

Don García Linera y otros masistas salieron esta semana pasada con actitudes totalmente coloniales, no en el absurdo sentido de que se le ha dado a la palabra en los últimos tiempos, sino en la intención de reivindicar la autoridad del gobernante a los extremos que se conocían en estas tierras solamente en los tiempos en que éramos gobernados por nuestros bondadosos reyes católicos.

El contradictorio término de uso regular en muchos documentos legales de la época virreinal, del “lo acato pero no lo cumplo”, era precisamente una salvaguarda para no terminar en la horca por supuestamente haberse atrevido a desafiar al rey, al hacer algo que pudiera molestar a las autoridades locales, y para evitar que éstas lo neutralicen, o lo liquiden a uno con una acusación de traición o de desacato.

De hecho, los confusos eventos de 1809 contienen precisamente detalles que nos hacen recuerdo a este tema, los revoltosos de La Plata gritando: “Viva el rey, muera el mal gobierno”, y Murillo aduciendo, a fin de salvar la vida, que él nunca, pero nunca se rebeló contra el rey, y Goyeneche, por su parte, deshaciéndose de un grupo de opositores simplemente acusándolos de traición.

Insisto, no deja de llamar la atención que posiblemente la más colonial de las figuras legales trate de ser reimplantada en este país de la supuesta descolonización; pero el asunto va más allá, porque para tener una sociedad sana lo más importante es tener por lo menos un sector irreverente, eso lo entendían inclusive los brutales monarcas medioevales que toleraban un bufón en la corte.

Una sociedad sana y moderna tiene que tener un gobierno que acepte las críticas, y que tolere inclusive los comentarios soeces de algunos, porque más importante que un ambiente de respeto al gobernante es un ambiente de respeto a los derechos de los ciudadanos. La libertad de expresión es el derecho sin el cual no se puede hablar de democracia, y lo importante es velar por que no se creen resquicios para que esta libertad sea anulada.

Aunque no me dedico al Facebook con el ahínco con el que parece que lo hace don García, algunas veces me han llegado comentarios tan toscos y racistas contra Evo, que he sentido la tentación de volverme masista, debilidad que subsano viendo unos minutos el canal estatal, que me sirve de eficiente antídoto para cualquier veleidad pro gubernamental, y sin embargo eso, los comentarios imbéciles en la red son un mal mucho menor que tener una sociedad que se coarte de expresar sus opiniones simplemente por temor.

Por lo demás, García Linera debería saber que, como dice la Biblia (y el canciller lo puede corroborar), si se mandara callar a la gente, las piedras comenzarían a gritar. Aun en las dictaduras más sangrientas no dejaron de haber burlas hacia los tiranos de turno, y las burlas contra los reyes españoles fueron duras y crueles, pese a las leyes que castigaban el irrespeto a la investidura real.

Por el otro lado se puede optar por tratar de minimizar los daños, exigir a su excelencia que piense primero y hable después, porque si sigue confundiendo Panamá con Canadá, la gente se va a seguir burlando de él, como en su momento lo hicieron de Reagan, que brindó por Bolivia cuando estaba en el Brasil. Exigirle también que haga nomás licitaciones cuando haga contratos millonarios, porque los contratos directos dan muy mala impresión.

Agustín Echalar Ascarrunz es operador de turismo.

Campaña del Gobierno contra Página Siete

Editorial

http://www.paginasiete.bo/2012-10-28/Opinion/NoticiaPrincipal/16Opi00128-10-12-P720121028DOM.aspx

- 27/10/2012

Nuevamente el vicepresidente García Linera atacó a Página Siete, a raíz del titular de portada de este diario: “Vice confirma que la figura del desacato volverá al Código Penal”.

García Linera dijo que ésas no fueron sus palabras. En efecto, sus declaraciones textuales fueron: “Queda hacia el futuro que la Asamblea elabore un nuevo Código Penal (') también de sanción a quienes mientan o injurien a una autoridad”. Con ello, lo que está diciendo es que el oficialismo creará una figura legal, con otro nombre posiblemente, cuyo objetivo será el mismo que el desacato: perseguir penalmente a quienes critiquen a las autoridades. Página Siete lo denuncia porque es inconstitucional. Este tipo penal ha sido usado groseramente para amedrentar a opositores del Gobierno.

Pero el ataque del Vicepresidente va más allá, parece ser un intento, fríamente calculado pero infructuoso, por afectar la credibilidad de Página Siete, un diario responsable y sobre todo independiente, que parece ser el rasgo que más detesta el Vicepresidente.

Página Siete ve dos posibles motivos que expliquen este desproporcionado ataque. El primero es que el crecimiento de este diario se ha convertido en una amenaza para los periódicos oficialistas. Curiosamente ayer sábado las portadas de Cambio y La Razón fueron muy parecidas, atacando a Página Siete, sin derecho a réplica. El segundo motivo es la idea del Gobierno de que el periodismo independiente se ha convertido en la principal oposición al régimen.

Las bases de las denuncias contra Página Siete son las siguientes: que este diario es “gonista” y “prochileno”. Para intentar demostrar el primer punto, García Linera recordó que un ejecutivo del diario, Carlos Saravia, fue un superintendente del Gobierno de Sánchez de Lozada y que su hermano fue viceministro. Ello es verdad, pero Saravia sólo ejerce funciones gerenciales y no influye en el manejo periodístico de Página Siete. El otro argumento de García Linera es que el presidente del Directorio de Página Siete, Raúl Garáfulic, fue integrante del directorio de la empresa privatizada (y luego nacionalizada) TDE y que estuvo vinculado al proceso de destrucción del LAB. Eso es falso, según una carta que Garáfulic envió al Vicepresidente. Fue su padre (QEPD), no él, quien tuvo relación con esas empresas.

La trayectoria periodística de quienes dirigen este periódico y su contenido informativo demuestran que Página Siete no es gonista. Para probarlo basta mencionar que el ex ministro Carlos Sánchez Berzaín acusó a este periódico de “oficialista” por un editorial que criticó sus acciones y las de Gonzalo Sánchez de Lozada durante los sucesos de octubre de 2003.

Por otra parte, sugerir que existen capitales chilenos en Página Siete es una bajeza. Los nombres de los socios del periódico fueron publicados en la primera edición de Página Siete y todos son bolivianos. Ésa es una diferencia entre Página Siete y algún diario oficialista, que mantiene un velo sobre la identidad de sus propietarios. La autoridad también argumentó que la relación de parentesco de Raúl Garáfulic con una diputada chilena condiciona la línea editorial de Página Siete. Mónica Zalaquet, cuñada de Garáfulic, no tiene injerencia alguna en este periódico. Este argumento erróneo es como decir que el Vicepresidente tuvo vínculos con los gobiernos militares porque su padre fue militar.

Por otra parte, Página Siete ha apoyado en reiteradas oportunidades el derecho de Bolivia a lograr una salida soberana al Pacífico y el uso de las aguas del Silala. Una selección de editoriales y notas que lo demuestran será colocada en la página web en breve.

Otro argumento de permanente ataque del Gobierno contra Página Siete es la información equivocada que dio el periódico sobre la muerte de un bebé durante la represión en Chaparina. Este diario se disculpó públicamente. Esa información se basó en un comunicado de prensa de la Secretaría de Comunicación Social de la VIII marcha indígena. El error fue cometido también por una veintena de medios en el país, incluida la gubernamental agencia ABI. Nótese que el periódico Cambio, ante la brutal represión policial, tituló que los indígenas habían atacado con flechas a los uniformados. Cambio jamás se disculpó. ¿Es que la ética sólo se exige a los periódicos independientes?

El Vicepresidente ha amenazado con que seguirá atacando a Página Siete en el futuro. Este diario seguirá defendiéndose.

Productores prefieren sembrar coca porque rinde mucho más

 TAN SIMPLE COMO ESTO!!!!

 Los cítricos, el achiote, el maíz y el arroz son considerados “paliativos”

Manuel Filomeno /Caranavi - 28/10/2012

Fotos: Ximena paredes / Página Siete
Fotos: Ximena paredes / Página Siete
Plantines de café en el vivero municipal de Caranavi.
El viaje a Caranavi desde La Paz en bus dura alrededor de seis horas, pero la vuelta puede prolongarse por al menos tres horas más.

“¡Coca, coca!”, grita alguien dentro del vehículo y de pronto tres señoras se apresuran a bajar del bus otra vez.

Entre Caranavi y La Paz existen al menos cinco puestos policiales de control en los que los productores de coca deben registrar su cargamento, de modo que el bus se detiene y los espera.

Pero no es el único: una hilera de no menos de cinco buses aguarda su turno para el registro y así, continuamente, en el viaje de regreso. Por eso el retorno tarda tres horas adicionales.

“La mayoría de los productores agrícolas del municipio de Caranavi sigue optando por la coca frente a otros cultivos”, declara Zenón Suntura, técnico de la Central Local de Cooperativas Agropecuarias de Caranavi (CELCCAR).

De acuerdo con Suntura, esto se debe a la adaptabilidad de la planta, a su resistencia a las plagas y a la frecuencia de las cosechas.

“Mientras que el café, las naranjas y las mandarinas necesitan un periodo de adaptación al suelo en el que producen lo mínimo, la coca se adapta mucho más rápido”, explica el especialista.

Las señoras apresuran el paso sobre la carretera para cumplir el trámite en el puesto policial; se deslizan con agilidad sobre el asfalto mojado, pese a que cargan enormes pero a la vez ligeros saquillos llenos de la hoja de coca.

En Caranavi es difícil encontrar coca en cantidades mayores que las de las bolsas que se ofrecen a los viajeros en la terminal; sin embargo, hay cultivos escondidos en el monte.

“La coca es una planta ejemplar, se puede cosechar entre tres y cuatro veces al año, mientras que la mayoría de los otros cultivos, adaptados al clima y la altura, sólo se puede cosechar una vez al año”, dice el técnico agrícola Suntura.

Señala el monte que se ve desde la calle y explica: “De este lado hay pocos sembradíos, pero del otro lado son puros cocales”.

Según Suntura, no hay cultivos alternativos a la hoja, sólo productos que pueden ser considerados como paliativos. “Podemos sembrar naranjas, achiote, arroz o maíz, pero siempre mantendremos una parcela con coca sembrada”, asegura.

Después de la revisión, las tres señoras retornan al bus; han transcurrido 20 minutos desde que se detuvo.

El ayudante acomoda las bolsas de coca nuevamente en el coche, pero las coloca a mano, porque hay otros puestos de control; los viajeros que fueron a los sanitarios o a comprar galletas o algo en los puestos cercanos regresan a sus asientos.

Suntura dice que si bien los productores afiliados a la CELCCAR producen coca en pequeñas parcelas, los grandes están agrupados en la Federación de Cocaleros de Caranavi y tienen cultivos en todos los cantones del municipio.

El bus se vuelve a detener. La noche ha cedido, es la madrugada y comienza a clarear. La Paz está a dos horas de viaje; se repite el grito: “¡Coca, coca!”, y las tres señoras repiten el rito del registro.

La hoja reemplazó a plantas de café

De acuerdo con el alcalde de Caranavi, Teodosio Quillca, el sueño de la población siempre fue contar con los medios para industrializar sus cosechas.

“Desde los años 70 existía el sueño entre los colonizadores de industrializar los cítricos y el café”, afirma.

Según Quillca, este sueño se truncó debido a los bajos precios internacionales del café en los 80.

“A partir de ese momento se empieza a producir coca de manera extensiva, en desmedro de otros cultivos menos eficientes”, dice.

En la actualidad, la producción de coca sobrepasa a la de café, por lo que se han implementado programas para mejorar los cultivos del grano y hacerlos resistentes a las plagas.

Uno de estos proyectos es el mejoramiento de los plantines mediante la técnica del injerto con especies más resistentes, que se practica en el vivero municipal.

viernes, 26 de octubre de 2012

Intentos de reponer el desacato

- 25/10/2012

 http://www.paginasiete.bo/2012-10-26/Opinion/NoticiaPrincipal/14Opi00126-10-12-P720121025VIE.aspx

Los partidos de oposición y las NNUU reaccionaron con satisfacción ante el reciente fallo del Tribunal Constitucional que declaró que debe sacarse del Código Penal boliviano el delito del desacato. Para emitir su fallo, el tribunal consideró que el desacato afecta la libertad de expresión de los ciudadanos y crea un ambiente de desequilibrio entre éstos y los servidores públicos. El desacato es una especie de “difamación a autoridades”. El solo hecho de que exista una norma que proteja a las autoridades más que a otros ciudadanos demuestra su arcaísmo.

El representante en Bolivia de la oficina de DDHH de la ONU celebró el dictamen. Dijo: “Es una gran decisión, es sumamente importante, confirma nuestra opinión al respecto ('), en algunos países se ha visto que algunos casos semejantes en cuanto al desacato han derivado con la figura penal de la injuria o de la difamación, pero es una figura diferente; tampoco habrá en el futuro que caer en la tentación de utilizar ese recurso para limitar otra vez la libertad de expresión”, dijo Dennis Racicot.

Y es justamente lo que está por suceder. Legisladores del partido oficialista ya han dicho que desean reponer el delito del desacato bajo otra forma. El diputado Lucio Marca afirmó que “hay que encontrar otra figura penal que pueda dar garantía, que pueda dar seguridad a las autoridades”.

O sea que esta victoria de la justicia podría tener vida corta. El Gobierno dijo, quizás sólo de “boca para afuera” que estaba de acuerdo con el fallo y recordó que tanto el Vicepresidente como la ministra de Transparencia abandonaron los procesos que habían iniciado contra el senador opositor asilado en la embajada de Brasil, Pinto.

En los próximos días y semanas se comprobará si el oficialismo buscará eludir este fallo con una nueva norma. Es posible.

Las NNUU y varios expertos bolivianos han hecho énfasis en que el delito del desacato es una rémora del pasado. Fue un Gobierno dictatorial, el de Hugo Banzer, el que lo incluyó en el Código Penal, con el claro objetivo de acallar las críticas. Curiosamente, en democracia, había sido escasamente utilizado hasta la llegada del Gobierno actual, que lo ha empleado profusamente.

Existe una tendencia continental de erradicar el delito del desacato de todos los entramados judiciales. Bolivia incluso se comprometió ante la OEA a hacerlo, para cumplir con la implementación de la Convención Interamericana contra la Corrupción. Hoy, los legisladores del MAS intentan reponer el delito bajo otra norma, una situación que es equivocada y que se espera no termine de tener consenso dentro del Ejecutivo.

El MAS-azo

Rodolfo Mier Luzio

 http://www.paginasiete.bo/2012-10-26/Opinion/Destacados/15Opi00226-10-12-P720121025VIE.aspx

- 25/10/2012

La expresión vertida por el señor Presidente, luego de la elección del fiscal general del Estado, se constituye en un grito de alegría por haber logrado lo planificado para esa elección donde se impuso el MAS con más de dos tercios del Órgano Legislativo.

Por eso, la frase se acomoda perfectamente al dicho de “a confesión de parte, relevo de prueba”. El Primer Mandatario consideró esa elección como un triunfo del instrumento político que preside; y no sólo eso, sino que al existir sólo un pequeño margen para que el MAS procure los dos tercios en el Órgano Legislativo, la elección del nuevo fiscal superó esos dos tercios, haciendo entrever que la “oposición”, también tuvo su cuota parte para que ahora tengamos un nuevo fiscal general del Estado, afín al Gobierno.

El flamante fiscal, al haber sido parte del partido de Gobierno en la Asamblea Constituyente y ministro de la Corte Suprema nombrado directamente por el Presidente del Estado, cualquier explicación que pueda brindar, cae por su propio peso. Incluso, al tener un proceso por terrorismo, sin importar el tiempo transcurrido, no podría tener la autoridad moral de “velar por la legalidad y los intereses de la sociedad y ejercer la acción penal pública; teniendo autonomía funcional, administrativa y financiera” tal como establece la Constitución Política del Estado, aprobada con la ayuda del actual fiscal general, en su calidad de constituyente en representación del MAS.

“Todo estaba cocinado, ya no había nada que hacer”, dijo un parlamentario de la “oposición” que, presuroso, acudió a la invitación que se le hizo llegar, para asistir a la posesión de la nueva autoridad del Ministerio Público, nada menos que en la vicepresidencia, en lugar de que sea posesionado en el Órgano Legislativo.

En política todo es posible, pero debiera haber un mínimo de moral para ejercerla. Así, se hubiera logrado el respeto y, sobre todo, la credibilidad de las acciones del Ministerio Público, en “defensa de los intereses generales de la sociedad”.

La verdad es que con esta designación, la apropiación de todo el Órgano Judicial ha sido consumada y no nos queda sino una resignación marcada por la frustración de contar con autoridades jurisdiccionales nombradas de una lista preseleccionada, donde el voto en blanco se impuso. Hasta un magistrado del Tribunal Constitucional cuestionó la designación del abogado, ahora fiscal general, indicando que su elección es completamente política; por lo tanto, será funcional al partido de Gobierno.

Así, el MAS-azo no se lo dio a la “derecha neoliberal”, sino a la sociedad boliviana que esperaba una elección a base de méritos profesionales; pero, sobre todo a la independencia partidaria de la nueva autoridad.

“El nuevo reto es devolver la confianza y credibilidad de la gente”, dijo el recientemente posesionado fiscal general; es de esperar que lo logre. La esperanza es todo lo que queda en el imaginario popular, luego de ese nuevo MAS-azo que recibió la población boliviana, que quedó aturdida con este nuevo golpe.



Rodolfo Mier Luzio es periodista.

El defensor aplaude la decisión del Tribunal

http://www.paginasiete.bo/2012-10-26/Nacional/Destacados/03Nal02261012.aspx

- 26/10/2012

El defensor del Pueblo, Rolando Villena, expresó ayer desde Costa Rica su conformidad y satisfacción por los fallos del Tribunal Constitucional sobre el desacato y la no retroactividad de los delitos señalados en el Código Penal y la Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz, respectivamente, según una nota de prensa de esa entidad.

Villena, quien se encuentra en la capital costarricense para asistir a una reunión de defensores del Pueblo de 18 países iberoamericanos, manifestó que “se trata de un fallo que restituye dos principios fundamentales que hacen a los derechos básicos: la igualdad entre los ciudadanos comunes y quienes ejercen coyunturalmente cargos públicos, por un lado, y el derecho a que las leyes se construyan y apliquen a base de principios jurídicos universales y garantistas”.

La autoridad indicó además que estas decisiones son una señal que las instituciones y autoridades del sistema judicial boliviano tienen la posibilidad real de ejercer sus funciones en el marco de la independencia de poderes, que es “la única garantía de vigencia plena de la democracia”.

Asimismo, indicó que los fallos del Tribunal deben ser acatados por los órganos del Estado sin ninguna contemplación.

MAS dice que el fallo no anula la retroactividad de la Ley 004

El Tribunal Constitucional dictó un fallo sobre la ley anticorrupción

DATO Diputados oficialistas señalan que la retroactividad es un principio establecido en la Constitución, por lo que los delitos de enriquecimiento ilícito y otros se indagan.

Nancy Vacaflor / La Paz - 26/10/2012

 http://www.paginasiete.bo/2012-10-26/Nacional/Destacados/4Nac00126.aspx

Wara Vargas / Página Siete
Wara Vargas / Página Siete
La presidenta de la Cámara de Diputados, Rebeca Delgado.
La presidenta de la Cámara de Diputados, Rebeca Delgado, afirmó que la sentencia del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) sobre la Ley 004 de lucha contra la corrupción no eliminó la retroactividad de todos los delitos.

Un abogado penalista explicó que el fallo declara que la retroactividad es constitucional.

Delgado también argumentó que es la Constitución Política del Estado la que establece la retroactividad en la investigación en caso de delitos de corrupción o enriquecimiento ilícito.

Se llaman “delitos permanentes”, explicó Delgado, porque en el transcurso del tiempo los resultados de esos delitos siguen causando un efecto jurídico, “en esos casos sí hay retroactividad”.

El presidente de la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, Héctor Arce (MAS), precisó que esos delitos permanentes son el enriquecimiento ilícito de autoridades y el enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado, establecidos en los incisos 2 y 3 del artículo 25 de la ley de lucha contra la corrupción. “Esta disposición ha sido declarada constitucional”, insistió.

Los artículos 36, 37, 24 y 34 de la norma anticorrupción o Marcelo Quiroga Santa Cruz fueron declarados constitucionales. Los dos últimos se refieren a la obligatoriedad de los acusados de estar presentes en su juicio.

Según la diputada Delgado, ante la interpretación que realizó el Tribunal Constitucional Plurinacional amerita efectuar una nueva calificación de los delitos, por ejemplo de los gastos reservados y otros.

En tanto, el diputado Arce dijo que los procesos contra el ex prefecto de Cochabamba y ex candidato a la presidencia, Manfred Reyes Villa, continúan y quedan invariables porque no hubo ninguna declaración de inconstitucionalidad. No obstante, la oposición saludó la sentencia del TCP porque, a su juicio, se eliminó totalmente la retroactividad.

El jefe de Unidad Nacional, Samuel Doria Medina, pidió el miércoles que se identifique a los responsables del diseño de la Ley 004 Marcelo Quiroga Santa Cruz, porque se vulneró la Constitución Política del Estado al introducir el principio de retroactividad. “Es muy importante que ahora el Gobierno identifique quiénes son los violadores de la Constitución, porque el Tribunal Constitucional ha dicho claramente que con la Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz se estaba violentando la Constitución al incluir la retroactividad”.

El abogado penalista Sandro Roca sostuvo que el fallo constitucional con respecto a la ley anticorrupción no elimina la retroactividad, sino la sustenta, aunque obliga a los jueces que administran las causas revisar los casos que están juzgando.

Vice confirma que la figura del desacato volverá a Código Penal

Los nuevos delitos penales serán incluidos en la nueva norma

García Linera afirmó que el Ejecutivo respeta el fallo del Tribunal Constitucional, pero anunció que el nuevo código debe contener el respeto a la libertad de opinión.

Página Siete / La Paz - 26/10/2012

El vicepresidente Álvaro Garc��a Linera anunció ayer que se crearán nuevas figuras legales para restituir el delito de desacato, eliminado por el Tribunal Constitucional Plurinacional, y serán incorporadas en el nuevo Código Penal.

“Queda hacia futuro que la Asamblea elabore un nuevo Código Penal, de tal manera que el nuevo Código Penal (...) tenga las figuras en el marco del respeto a la libertad de opinión, en el marco del respeto a la libertad de pensamiento, pero también de sanción a quienes mientan o injurien a una autoridad, eso será el siguiente año que habrá un nuevo Código Penal”, anunció ayer el Vicepresidente en una conferencia de prensa en la Universidad de Córdoba, en Argentina.

Mientras tanto, dijo la autoridad gubernamental, el Gobierno acepta y respeta el fallo del Tribunal Constitucional.

“Lo aceptamos, lo asumimos, pero igual mediante otras figuras legales nos defenderemos de las falsas acusaciones y de las injurias que han hecho algunas personas de la oposición”.

El órgano de control constitucional eliminó el delito de desacato del actual Código Penal porque vulnera el principio de igualdad, pues concedía un tratamiento privilegiado a las autoridades frente al ciudadano común.

El partido oficialista aceptó con reparos esta decisión y el miércoles ya abrió la posibilidad de reponer esa figura, aunque con otras consideraciones.

El desacato es una figura penal creado durante los gobiernos dictatoriales como un instrumento para acallar a los opositores de los dictadores, sin embargo, se mantuvo hasta esta época. Por este delito, un ciudadano que calumnie, injurie o difame a un funcionario público era sancionado con privación de libertad de un mes a dos años o más.

La presidenta de la Cámara de Diputados, Rebeca Delgado (MAS), expresó ayer a título personal su desacuerdo con la determinación del Tribunal Constitucional Plurinacional porque en su criterio “no es lo mismo estar como servidor público que estar como ciudadano de a pie”.

Su colega Héctor Arce también anunció que el nuevo Código Penal será debatido el próximo año en la Asamblea Legislativa Plurinacional, por lo que no descartó que se incluya alguna figura legal para reemplazar el delito de desacato, aunque dijo que estas propuestas serán debatidas previamente.

“En mi criterio personal, yo creo que es suficiente con la tipificación de los delitos de injuria, difamaciones y calumnias, y cualquier persona o autoridad se sienta ofendida en su dignidad puede recurrir por esta vía para la defensa de sus derechos”.

El Gobierno y el partido oficialista pregonaron en la época electoral que todos son iguales ante la ley y que se acabaron los privilegios del pasado.

South American Silver advierte con arbitraje; Bolivia responderá

En un plazo de 6 meses

Radio Fides
1
South American Silver advierte con arbitraje; Bolivia responderá Parte del portal web de la empresa canadiense.
La empresa oficializó el pedido de conciliación al Estado boliviano sobre las inversiones realizadas en el yacimiento Minero de Mallku Khota, por las tareas de exploración que habían sido encomendadas a la empresa Minera Mallku Khota subsidiaria de la canadiense.


A raíz del decreto supremo que en agosto paraliza los trabajos realizados en la zona por la empresa, South American advirtió con iniciar un arbitraje internacional en contra del país.


La firma canadiense pide que el gobierno de Bolivia en un plazo de seis meses pueda llegar a un acuerdo económico.


Mario Virreira, ministro de Minería y Metalurgia señaló que con estos antecedentes el gobierno de Bolivia defenderá sus intereses.


Debemos en seis meses responder” señaló la autoridad a tiempo que agregó que deben “honrar compromisos que la South American Silver tendría con alguna compañía, con algunos socios que han firmado contrato con ellos, que les han traspasado sus acciones; pero es un contrato entre privados no con el estado boliviano”.


Amenaza de arbitraje

La autoridad ministerial señaló que en efecto la empresa South American Silver “advierte un arbitraje en su nota. Nosotros estamos dispuestos a encarar cualquier acción legal, porque tenemos la documentación que respalda nuestra posición”.


Dentro de la documentación con la que cuenta el gobierno,  se encuentra evidencia que no existen registros de su existencia como empresa  “si al empresa no está legalmente registrada cualquier arbitraje sería nulo de pleno derecho” sostuvo la autoridad.


Además puso en duda la credibilidad de un proceso de arbitraje porque “los arbitrajes que se manejan a nivel internacional, son arbitrajes que se llevan adelante conforme a los intereses de quien más les paga. Yo estoy seguro que la South American Silver va a intentar pagar todo lo que ese tribunal le pida para que salga a su favor. (…) saben cuál es la conducta de los tribunales internacionales, pero pese a eso nosotros vamos a hacer una fuerte defensa de los intereses bolivianos” enfatizó Virreira.


Investigarán inversiones

Dentro de las demandas de la empresa canadiense se encuentra el pedido de que el Estado boliviano pueda resarcir los gastos de inversión realizados por las tareas de exploración. “la South American Silver dentro del proceso de conciliación se plantea que se paguen las inversiones realizadas” señaló el ministro, pero afirmó que desconocen los montos invertidos; “es un contrato entre privados no hay ningún registro a nivel nacional sobre las inversiones que habrían realizado, hay especulaciones”.


La empresa Minera Mallku Khota es subsidiaria canadiense South American Silver, sin embargo de acuerdo a la autoridad minera “la compañía minera Mallku Khota tiene un capital que no pasa de  10 mil bolivianos, así se ha creado la compañía minera Malku Khtoa; ahora cuánto han invertido en la prospección y exploración que han hecho ya, estamos en duda”.


A pesar de lo establecido por la empresa South American Silver que afirmaba realizar inversiones millonarias en las tareas de exploración en la región norte potosina en el yacimiento minero de Mallku Khota, la autoridad de gobierno señaló que “ellos han promocionado a Mallku Khota como un gran  mega yacimiento, pero - ya les he informado anteriormente- eso nosotros mismos dudamos.


Gobierno impulsa nuevos estudios

De acuerdo a los estudios preliminares del gobierno, “el contenido de plata, el contenido de ciertos minerales, están por debajo – en cuanto se refiere a ley – de otros yacimientos que tenemos en Bolivia”.


Virreira prosiguió mencionando que “primeramente vamos a verificar con nuestros propios estudios, qué alcance tiene este yacimiento de Mallku khota, y en segundo lugar vamos a hacer realmente un estudio profundo sobre las inversiones que pudieran haber hecho”.


De acuerdo al ministro de minería la empresa no tiene bienes en la zona “la verdad no hay ninguna oficina construida por South American Silver o por la compañía minera Mallku Khota en el sector”. Además mencionó que “todo lo que han utilizado ellos son quizá equipos que nunca hemos visto, nunca han informado, no hay registros; por lo tanto es algo que se puede especular mucho, pero esperemos que lleguemos  a evaluar aquello y tengamos un monto  racional”.


En la actualidad la Corporación Minera de Bolivia (COMIBOL) asume las tareas técnicas de investigación en la zona del yacimiento minero, para evaluar la potencialidad de los minerales del yacimiento Minero de Mallku Khota, que se encuentra en norte del departamento de Potosí.

ROCÍO RUÍZ / APOLINAR PACO / GRUPO FIDES

Gonzalo Rocabado: Evo Morales recibió dinero de Venezuela para tumbar a Goni

Octubre 2003

Fides Loyola
Última Actualización Jueves, 24 de Marzo de 2011. 07:21h.
El ex comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, el general Gonzalo Rocabado Mercado presentó pruebas documentales intentando demostrar que el ex dirigente sindical y ahora presidente Evo Morales recibió dinero para tumbar al ex mandatario Gonzalo Sánchez de Lozada.

1
Gonzalo Rocabado: Evo Morales recibió dinero de Venezuela  para tumbar a Goni Octubre 2003
El ex comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, el general Gonzalo Rocabado Mercado presentó pruebas documentales intentando demostrar que el ex dirigente sindical y ahora presidente Evo Morales recibió dinero para tumbar al ex mandatario Gonzalo Sánchez de Lozada.

La prueba fue presentada en el juicio en contra de los colaboradores del ex mandatario que el año 2003 tuvo que dejar el cargo en medio de la muerte.

La prueba consiste en unas declaraciones que realizó el ex ministro de defensa, Carlos Sánchez Berzaín realizadas el año 2008.

El fiscal de Recursos Milton Mendoza intento evitar introducir la prueba, porque el actual presidente no es parte del juicio, además por considerarla impertinente.

El general Gonzalo Rocabado Mercado entre otros jefes militares es juzgados por la muerte de más de 60 personas entre septiembre y octubre del año 2003.

García Linera: “De momento nos queda acatar lo que diga el Tribunal Constitucional”



Radio Fides
1
García Linera: “De momento nos queda acatar lo que diga el Tribunal Constitucional” El vicepresidente del Estado, Álvaro García Linera (FOTO: APG)

El vicepresidente del Estado, Álvaro García Linera anunció desde Córdova, Argentina que como Gobierno acatarán el fallo del Tribunal Constitucional que elimina el delito del desacato del Código Penal,  pero que al año aprobarán una nueva figura legal que sirva a las autoridades para defenderse de las acusaciones en contra de su dignidad.

García Linera aseguró que “de momento nos queda a todos acatar lo que dicta el tribunal Constitucional, lo aceptamos, lo asumimos”, pero que mientras se discute la nueva normativa “mediante otras figuras legales nos defenderemos de las falsas acusaciones y de las injurias que han hecho algunas personas de la oposición”, dijo. 

El vicepresidente recordó “queda hacia futuro que la Asamblea elabore un nuevo Código Penal”, en el cual sean incluidas “las figuras en el marco del respeto a la libertad de opinión, en el marco del respeto a la libertad de pensamiento, pero también de sanción a quienes mientan o injurien a una autoridad”. 

“Eso será el siguiente año que habrá un nuevo Código Penal”, ratificó el también presidente nato de la Asamblea Legislativa Plurinacional.

El vicepresidente contó a periodistas argentinos y de otros países que “en los últimos años hubo gente, políticos opositores, que no solamente insultaron, sino que difamaron diciendo que el presidente Evo (Morales) es un narcotraficante, o el Vicepresidente es un asesino” y que fue por eso que recurrieron “al ordenamiento jurídico vigente para lograr la defensa contra esas acusaciones”.

García Linera dejo claro que como Gobierno son “muy respetuosos de la libertad de opinión, de pensamiento, de la crítica y hasta de insulto, pero ya actitudes difamatorias son delitos” que merecen buscar una defensa, aseveró.


CHRISTOPHER ANDRÉ/GRUPO FID

El MAS asegura que la retroactividad de Ley Marcelo Quiroga sigue vigente

Radio Fides    
El MAS asegura que la retroactividad de Ley Marcelo Quiroga sigue vigente El presidente de la Comisión de Constitución de Diputados, Héctor Arce (FOTO:...
El presidente de la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, Héctor Arce aseguró este jueves que la retroactividad de la Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz sigue vigente y que el último fallo del Tribunal Constitucional no la limitó, sino por el contrario ratificó su vigencia, por lo que pidió revisar con más detenimiento la decisión asumida por este órgano.

No se ha producido ninguna limitación al efecto retroactivo que de conformidad al artículo 123 de la Constitución Política del Estado en materia de dos delitos contra la corrupción señala la Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz”, dijo Arce en rueda de prensa.

El Tribunal Constitucional declaró la constitucionalidad de la Disposición Final Primera de la Ley 004 que señala que “las acciones de investigación y juzgamiento de delitos permanentes de corrupción y vinculados a ésta, establecidos en el artículo 25 numerales 2) y 3)  de la presente Ley, deben ser aplicados por las autoridades competentes en el marco del Artículo 123  de la Constitución Política de Estado.”

Lo que dice el artículo 25 de la Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz referido a la Creación de Nuevos Tipos Penales, en los numerales citados por la sentencia, se refiere a las siguientes figuras: 2) enriquecimiento ilícito y 3) enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado.

Según la explicación de Arce “estos dos artículos son delitos de tracto permanente” y el sistema jurídico internacional ha reconocido que cuando existe enriquecimiento ilícito con afectación del Estado “se aplica de  manera retroactiva la Ley y esta disposición ha sido declarada constitucional”.

Estos dos tipos penales deben aplicarse en el marco del Artículo 123 de la Constitución Vigente que señala que “la ley sólo dispone para lo venidero y no tendrá efecto retroactivo, excepto en materia laboral, cuando lo determine expresamente a favor de las trabajadoras y de los trabajadores; en materia penal, cuando beneficie a la imputada o al imputado; en materia de corrupción, para investigar, procesar y sancionar los delitos cometidos por servidores públicos contra los intereses del Estado; y en el resto de los casos señalados por la Constitución”.  

El diputado Arce aseguró que por tanto “la retroactividad que originalmente estaba establecida en la Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz se mantiene exacta e idéntica”.

En los fundamentos del fallo de la Sentencia Constitucional Plurinacional 0770/2012 del 13 de agosto señala respecto a la Disposición Final Primera de la Ley 004 la norma “no debe ser entendida en sentido que sea posible sancionar retroactivamente conductas que no estuvieron previamente establecidas en una ley”.

Esto porque el Artículo 123 de la Constitución está en el Título IV, Capítulo Primero relativo a las garantías jurisdiccionales “por lo que debe entenderse como una garantía de seguridad del Estado a favor de los ciudadanos, pues no resultaría lógica la interpretación del establecimiento de garantías a favor del propio poder público”.

Si bien el Tribunal Constitucional declaró constitucional la Disposición Final Primera de la Ley Anticorrupción, tal como señala el diputado Arce, esta instancia aclara que la aplicación retroactiva aplica siempre y cuando “su aplicación por los jueces sea en el marco del principio de favorabilidad”, es decir que no vaya en contra de los intereses del imputado.

CHRISTOPHER ANDRÉ/GRUPO FIDES

jueves, 25 de octubre de 2012

Santalla: Gobierno está preocupado por últimas sentencias constitucionales

 http://www.lostiempos.com/diario/actualidad/nacional/20121024/santalla-gobierno-esta-preocupado-por-ultimas-sentencias_189981_403892.html

Por Anf - Agencia - 24/10/2012

El ministro de Trabajo, Daniel Santalla. | Foto archivo -   Abi Agencia
El ministro de Trabajo, Daniel Santalla. | Foto archivo - Abi Agencia
LA PAZ |
El ministro de Trabajo, Daniel Santalla, afirmó hoy que el Gobierno está preocupado por los dos fallos del Tribunal Constitucional, por lo que la comisión jurídica del gabinete ministerial analiza los efectos de estas sentencias y habrá un pronunciamiento oficial del Gobierno en los próximos días.

Consultado por la anulación de la retroactividad en la ley Marcelo Quiroga Santa Cruz, Santalla dijo que "de alguna manera se estaría tratando de debilitar la ley"

"Nos preocupa ciertamente, pero mantengo y sostengo, será la comisión jurídica quien va hacer una evaluación y luego nos pronunciaremos al respecto (...), porque como se ha dispuesto esta sentencia el día de ayer es de conocimiento y la comisión jurídica (del gabinete de ministros) quien van a ver digamos los efectos de esta sentencia", manifestó Santalla en puertas de palacio Quemado.

MAS anuncia modificación al Código Penal
El presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, Lucio Marca (MAS), anunció que se estaría pensando en otra figura penal similar al desacató el cual será incluido en el nuevo Código de Procedimiento Penal a debatirse en la Asamblea Legislativa el próximo año.

"En el ámbito público hay que encontrar otra figura penal que pueda dar garantía, que pueda dar seguridad a las autoridades (...), habrá que trabajar en los elementos específicos si no es en este periodo legislativo puede ser en el próximo periodo legislativo cuando estemos reformando el Código Penal vamos a tener  que trabajar en lugar del desacato cual será adecuado", manifestó Marca. 

Para el legislador el desacato vulneraba a la libertad de expresión y al derecho del ejercicio político, sin embargo dijo que no por eso se puede permitir que se difamen a las autoridades, por ello debe trabajarse en una materia penal.

MAS analiza figura que supla a la del desacato

 TOMAREMOS CUIDADOSA NOTA DE TODOS AQUELLOS QUE QUIERA REPONER UNA FIGURA DECLARADA INCONSTITUCIONAL. AUN CUANDO PAREZCA ALGO LEJANO...¡EL FUTURO LLEGA!

LA ONU DIJO QUE ESPERA QUE EL DELITO DECLARADO INCONSTITUCIONAL NO SEA REEMPLAZADO POR OTRO

Por Redacción Central | - Los Tiempos - 25/10/2012

El goberndor de Santa Cruz, Rubén Costas, es una de las autoridades que tiene dos procesos por el delito de desacato. -   Afka Periodista Invitado

El goberndor de Santa Cruz, Rubén Costas, es una de las autoridades que tiene dos procesos por el delito de desacato. - Afka Periodista Invitado
Sectores de oposición como del oficialista, juristas y defensores de los derechos humanos, así como el Alto Comisionado de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Bolivia, Denis Racicot, destacaron ayer la sentencia del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) que elimina el delito de desacato del Código Penal. No obstante, legisladores del Movimiento Al Socialismo (MAS) anunciaron la posibilidad de aprobar una figura legal que reemplace a la del desacato para no “dejar desprotegidas” a las autoridades y servidores públicos.
Racicot señaló que la sentencia del TCP “es una gran decisión”; sin embargo, manifestó que esperaba que a futuro no se busque otra figura legal para limitar la libertad de expresión.
El diputado del MAS Lucio Marca aseguró que respetan el fallo del Tribunal, pero adelantó que se trabajará una norma que reemplazará al desacato y que será incluida cuando se analicen las reformas al Código Penal.
“Sí. Se puede sustituir esta figura (la del desacato), pero se va a hacer un estudio técnico, un estudio adecuado, vamos a consultar con los juristas que entienden de materia penal”, dijo el diputado oficialista.
Según el legislador, no se trata de restituir el delito, sino de incluir una nueva norma “que tenga mayores elementos que pueden darle sostenibilidad y que no vulnere derechos”.
El legislador argumentó que si existe una figura para sancionar en el ámbito privado la difamación y la calumnia, “en el ámbito público hay que encontrar otra figura penal que pueda dar garantía, que pueda dar seguridad a las autoridades”, pues "no se puede permitir” que autoridades continúen difamando a otras autoridades y que esto debe ser trabajado “en materia penal”.
El Tribunal Constitucional Plurinacional declaró inconstitucional el delito de desacato, tipificado por el Artículo 162 del Código Penal y recuerda en su fallo que es deber del Estado “respetar y garantizar los principios fundamentales de (una) sociedad democrática (que) incluye la obligación de promover un debate público abierto y plural”.
El TCP precisa en su fallo que la eliminación del delito de desacato “no deja en la indefensión a los servidores públicos, quienes ante el abuso al ejercicio del derecho a la libertad de expresión e información cuentan con la vía civil o incluso penal”.
Esta decisión fue destacada por sectores, que consideran que con la eliminación del delito  además se ha logrado poner en igualdad de condiciones a ciudadanos y autoridades, a quienes se les eliminó esa “protección excepcional en la vía penal del honor” frente a los ciudadanos.
“En algunos países se ha visto que casos semejantes en cuanto a desacato han derivado con la figura penal de la injuria o de la difamación. Pero es una figura diferente. Y tampoco habrá en el futuro que caer en la tentación de utilizar ese recurso para limitar otra vez la libertad de expresión”, advirtió el comisionado de las nacionales unidas.
Difamación
No obstante y ante el archivo de procesos por desacato, ayer el abogado Moisés Ponce de León, que patrocina un juicio contra el gobernador de Santa Cruz, Rubén Costas, dijo que proseguirá la acción legal por "difamación”.
"Esto nos llega a favorecer porque nos han abreviado el tiempo procesal", dijo.
Por su parte, el ministro de Trabajo, Daniel Santalla, afirmó que el Gobierno está preocupado por los dos fallos del Tribunal Constitucional, por lo que la comisión jurídica del gabinete ministerial analiza los efectos de estas sentencias y habrá un pronunciamiento oficial del Gobierno en los próximos días.
Retroactividad no se aplica
Procesos como el de los Gastos Reservados contra exfuncionarios del Estado quedarán extinguidos con la decisión del Tribunal Constitucional, que resolvió la no aplicación de la retroactividad en la Ley 004 Anticorrupción “Marcelo Quiroga Santa Cruz”, según los abogados.
En Bolivia están siendo procesadas exautoridades de Estado por actuaciones que no eran consideradas delitos cuando ellos estaban en la función pública, pero con las modificaciones al Código Penal en la Ley de Lucha Contra la Corrupción, enriquecimiento ilícito e investigación de fortunas, se convirtieron en delitos.
En criterio del abogado penalista Arturo Yáñez, los ciudadanos tendrían que “adivinar” qué conducta puede ser delito “mañana o pasado mañana” para evitar cometerlos.
Según el constitucionalista José Antonio Rivera, en la sentencia 0770/2012, el Tribunal Constitucional declaró constitucional la Disposición Final Primera de la Ley Nº 004, pero condicionada a la interpretación siguiente: que las normas sustantivas de esa Ley Penal para la Lucha contra la Corrupción, que han creado nuevos tipos penales (nuevos delitos), no serán aplicadas retroactivamente; tampoco las normas que han agravado las penas; la aplicación retroactiva de la ley penal en corrupción sólo será de aquellas normas sustantivas que sean favorables al procesado o imputado.
Por otro lado, dijo que se ha declarado la constitucionalidad condicionada de las normas que permiten la prosecución de una acción penal en rebeldía del procesado; la condición es que esa rebeldía haya sido causada por el procesado, quien a pesar de haber sido legalmente notificado no comparece sin justa causa al proceso para asumir su defensa, pero cuando hay justificativos para no comparecer, no puede proseguir acción penal en rebeldía.

Constitucionalista pondera fallo
Según el abogado constitucionalista José Antonio Rivera, la sentencia constitucional 1250/12, mediante la cual se ha declarado inconstitucional el Artículo 162 del Código Penal, que tipificaba como delito de desacato aquella conducta de una persona que calumnie, difame o injurie a un servidor público, es una decisión buena del Tribunal Constitucional, que hay que ponderarla  porque recoge las recomendaciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Con esta decisión, dijo que el Tribunal Constitucional está resguardando el derecho a la libertad de expresión, pensamiento y opinión, así como el derecho a la libertad de información que se veían amenazados de restricción porque cualquier funcionario público que recibía una crítica a su gestión acusaba de desacato al ciudadano.
Agregó que la decisión del Tribunal significa que el Art. 162 del Código Penal deja de tener vida jurídica en el ordenamiento jurídico del Estado, ya que el efecto de la sentencia es derogatorio, lo que significa que a partir de la publicación de la sentencia ninguna autoridad puede tomar un decisión o emitir resolución fundamentando en las normas de ese artículo, tampoco ciudadano alguno puede exigir derecho u obligaciones invocando esa norma; en consecuencia, todos aquellos procesos penales que fueron abiertos por el delito de desacato y se encuentren en trámite sin tener sentencia ejecutoriada, deben ser extinguidos y archivados los expedientes.
En aplicación de la sentencia constitucional, los juristas manifestaron que deberán archivarse todos los procesos iniciados por el delito de desacato, la mayoría contra autoridades y líderes políticos de la oposición.

Falta eliminar la suspensión de autoridades


http://www.eldia.com.bo/index.php?c=Portada&articulo=Falta-eliminar-la-suspension-de-autoridades&cat=1&pla=3&id_articulo=102167

Es la opinión de los civicos y opositores tras la anulación del desacato. La ONU está complacida, pero hay que avanzar contra otras normas que vulneran la Constitución.
Jueves,  25 de Octubre, 2012
Falta-eliminar-la-suspension-de-autoridades
Ref. Fotografia: Ilustración de David Diez Canseco.
El representante en Bolivia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Denis Racicot, aplaudió la decisión del Tribunal Constitucional Plurinacional de eliminar la figura del desacato, como opinan principalmente opositores al gobierno de Evo Morales, mientras que en Santa Cruz, el presidente del Comité Cívico, Herland Vaca Diez dijo que ahora falta que dejen sin efecto los artículos 144 y 145 de la Ley Marco de Autonomías que establece la suspensión de autoridades electas con la simple imputación de un fiscal.
"Es un momento muy importante para la independencia judicial del país", dijo Racicot.
Y sobre la retroactividad de la Ley Marcelo Quiroga, Racicot opinó que (Es) muy difícil que en los casos del pasado las personas puedan ser encontradas culpables de un delito semejante si hoy en día el Tribunal Constitucional ha firmado semejante principio.

Ley Marco de Autonomías. El presidente del Comité Cívico, Herland Vacadiez, señaló que ahora corresponde que en un esfuerzo conjunto con la Brigada Parlamentaria y la Gobernación, exijan que el Tribunal Constitucional derogue los mencionados artículos de la Ley Marco de Autonomía y en atención a lo que señala la Constitución Política del Estado, las autoridades electas puedan ser suspendidas con sentencia ejecutoriada.
Sobre el tema, Luis Felipe Dorado, jefe de la Bancada de Convergencia Nacional observó ahora que espera que el Tribunal Constitucional se pronuncie con prontitud respecto al recurso Abstracto de inconstitucionalidad en contra de tres artículos de la Ley Marco de Autonomías presentado en julio pasado. Los opositores esperan que el fallo sea igual que las últimas dos sentencias constitucionales respetando la Constitución Política del Estado (CPE) y los derechos humanos, para rectificar las irregularidades.
Varios beneficiados. El exministro de Justicia, Carlos Alarcón opinó que el fallo del Tribunal Constitucional sobre desacato y juicios que tienen que ver con la retroactividad de la Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz, deberían quedar sin efecto, sin necesidad que los demandados realicen el pedido de archivo de obrados.
Entre los beneficiados están el senador opositor, Roger Pinto, ahora refugiado en la embajada del Brasil, quien tiene al menos ocho de los 21 procesos, seguidos por el exministro Sacha Llorenty, el vice Alvaro García, la ministra Nardy Suxo, la abogada del caso Porvenir Mary Carrasco, el fiscal Marcelo Soza, entre otros.
El diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS), Lucio Marca, dijo que los juicios instituidos por el delito de desacato podrían extinguirse, en aplicación del fallo del Tribunal y que la Asamblea no necesita otra ley para dejar sin efecto esa normativa.

Quieren que Costas no se libre.
Richard Cardozo, abogado del gobernador Rubén Costas aplaudió la determinación pero dijo que no están contentos porque aún está vigente el tema de la suspensión.
Sin embargo, Moisés Ponce de León, el abogado defensor del fiscal del caso Rózsa, anunció que sustituirá por calumnia, injuria y difamación de las denuncias contra el gobernador Rubén Costas y los opositores Roger Pinto y Carmen Eva Gonzales.

Punto de vista
"Nos estamos enderezando al Estado de Derecho "

"En mi condición de Decano de Derecho me encuentro complacido que el Tribunal Constitucional Plurinacional haya tomado la determinación de derogar del Código Penal el delito de desacato y dejar sin efecto la retroactividad de los delitos de la Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz.
Eso es una muestra que nos estamos enderezando al Estado de Derecho y corrigiendo algunas normas que al calor político o falta de conocimiento, se habían aprobado y que vulneraban derechos fundamentales, como el de la libertad de expresión, por ejemplo consignada en 1776 y 1789, en las revoluciones norteamericana y francesa y que se encuentran consignadas en normas internacionales de las que Bolivia es parte.
Manfredo Menacho
Decano de Derecho de la UAGRM

 

Dos fallos del Tribunal Constitucional

Editorial

http://www.paginasiete.bo/2012-10-25/Opinion/NoticiaPrincipal/16Opi00125-10-12-P720121025JUE.aspx

- 24/10/2012

Dos importantes fallos emitió el martes el Tribunal Constitucional Plurinacional. El presidente de ese cuerpo colegiado, Rudy Flores, ratificó que las resoluciones son vinculantes y de cumplimiento obligatorio.

En el primero, la figura del desacato fue declarada inconstitucional porque limita el derecho a la libertad de expresión de la ciudadanía ante los funcionarios públicos, explicó el Tribunal. El artículo declarado inconstitucional es el 162 del Código Penal; éste establece que quien injurie o calumnie a un servidor público en el ejercicio de sus funciones será pasible a una pena de cárcel de un mes a dos años.

El segundo fallo limita el alcance de la Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz, denominada comúnmente “anticorrupción”, al establecer que ésta no puede ser aplicada de forma retroactiva cuando se juzga a una persona hoy por un hecho que no era delito en el momento que ocurrió.

Contrariamente a la opinión de cierto público especializado, y también a la de este periódico, que dudaban de la independencia del Tribunal, éste ha actuado de manera autónoma en las dos sentencias mencionadas y en una anterior, referida a que el Gobierno está obligado a consensuar con los indígenas del TIPNIS antes de proseguir con la consulta previa que autorice o rechace la construcción de la carretera a través de ese parque nacional (que el Gobierno no lo haya acatado, es otra cosa). Los tres fallos mencionados son contrarios a los intereses del Gobierno, lo que demuestra la independencia, por lo menos por ahora, del Tribunal. Son buenas noticias.

Respecto a la figura del desacato, tan apreciada y recurrida por las autoridades del actual Gobierno, estaba claro que era una forma de impedir las críticas a los altos funcionarios del Estado, lo que viola el principio de la igualdad ante la ley. El Presidente, Vicepresidente, ministros y otras autoridades echaron mano de esta figura en incontables ocasiones, y muchos de esos procesos están en curso. El Tribunal ha señalado que los juicios ya iniciados al respecto no se detendrán, pese al fallo, pero en el futuro no se podrán iniciar otros bajo esta norma.

Con relación al precepto de retroactividad de la ley anticorrupción, no había cómo un Tribunal Constitucional fallara de manera distinta a como lo ha hecho. No existe, en ningún país del mundo, una ley, peor de tipo penal, que sea retroactiva. Ese adefesio legal, presentado en su momento como anteproyecto por el Ministerio de Transparencia, al establecer la retroactividad, se colocó en una posición altamente vulnerable. Y, como ha ocurrido, esa parte quedó declarada inconstitucional. Además, como es lógico, violaba todos los acuerdos internacionales suscritos por Bolivia. La ley no puede prever castigos para situaciones que hoy representan un delito pero que en el pasado no lo eran. Lo sabe cualquier estudiante de primer año de la carrera de derecho, menos los legisladores del oficialismo que la aprobaron con tanto entusiasmo.

El Tribunal tendrá que demostrar su apego al derecho y su autonomía en muchas ocasiones en el futuro. Seguramente la más sensible y trascendental ocurrirá cuando deba fallar sobre la re-reelección del presidente Evo Morales. La Constitución es meridianamente clara de que esa re-reelección es prohibida; existe un artículo en las disposiciones transitorias de la nueva CPE explícito al respecto. Dice ese artículo: “Los mandatos anteriores a la vigencia de esta Constitución serán tomados en cuenta a los efectos del cómputo de los nuevos periodos de funciones”.

Pero el Presidente reconoció haber hecho “trampa” después de la aprobación de esa norma y el Vicepresidente dijo que se usó una “estrategia envolvente” contra la oposición y que la re-reelección está permitida.

En su momento, analizar ese caso será el mayor desafío para los magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional.

Agro rechaza veto a transgénicos con la nueva Ley de Madre Tierra

Productores de oleaginosas anuncian caída en producción de granos

Señalan que la producción de soya está ligada a la siembra de trigo, maíz, sorgo, arroz y girasol; si baja la producción del cereal, también caerán los otros cultivos.

 http://www.paginasiete.bo/2012-10-25/Economia/NoticiaPrincipal/8Eco00225-01.aspx

Natalí Vargas / La Paz - 25/10/2012

Los agroindustriales cruceños advirtieron ayer que al menos la producción de seis granos caerá, pues la Ley Marco de la Madre Tierra prohíbe el uso de transgénicos. El Gobierno señala que no se puede anticipar pérdidas cuando aún falta elaborar la reglamentación.

El inciso 8 del artículo 24 de la Ley Marco de la Madre Tierra dispone “desarrollar acciones que promuevan la eliminación gradual de cultivos de organismos genéticamente modificados autorizados en el país a ser determinada en norma específica”. “Preocupa esta incorporación en la Ley Marco de la Madre Tierra”, observó ayer el gerente de Planificación y Gestión de la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo), Jaime Hernández, en el foro Sector Oleaginoso: Aporte Agroalimentario para Bolivia y el mundo, organizado por el IBCE.

Precisó que si baja la producción de soya, también bajarán los cultivos de trigo, maíz, sorgo, arroz y girasol. Hernández informó que desde el año 2000 el cultivo de la soya acompañó el crecimiento de los otros seis granos.

“Cualquier incentivo o freno al posible crecimiento del sector soyero tendrá también sus consecuencias en otros productos estratégicos para la población”, explicó. Por ejemplo, el maíz es vital para el sector avícola, el girasol en la industria aceitera y el trigo en la elaboración de harina

De acuerdo con los datos de la Anapo, el año 2011 los cultivos de soya ocuparon cerca de 1,1 millones de hectáreas, mientras que los cultivos de rotación estrechamente ligados fueron sembrados en más de 710 mil.

La soya que se cultiva en el país corresponde al Organismo Genéticamente Modificado (OGM) con resistencia al herbicida glifosato (RG), una biotecnología cuya utilización se aprobó en 2005, en virtud al DS 28225.

Al respecto, la ministra de Desarrollo Productivo, Teresa Morales, dijo que el Gobierno mantuvo reuniones con diferentes sectores productivos de Santa Cruz, con la Anapo y con la CAO el sábado pasado, y en ellas se explicaron los alcances de la nueva ley. Precisó que se les informó que en el ámbito del reglamento de la norma se pueden subsanar las preocupaciones de los productores de oleaginosas.

Hernández dijo que es importante que se levanten todas las restricciones a la exportación de soya, pues del 100% producido, sólo el 25% se queda en el mercado interno y el 75% tiene por destino los mercados extranjeros.

Embajada en Berlín sigue el caso de hija de Suxo

Se presentarán pruebas de cargo y descargo

ANF / La Paz - 25/10/2012

 http://www.paginasiete.bo/2012-10-25/Sociedad/Destacados/39ald251012-01.aspx

 La embajada de Bolivia en Berlín, Alemania, informó ayer que está “atendiendo y verificando” las acusaciones de la trabajadora del hogar Antonia Ramos Posto, en contra de Naira Rivero Suxo de Marter, hija de la ministra de Transparencia, Nardi Suxo.

La denuncia ya fue remitida por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Alemania a la delegación diplomática boliviana.

Ramos Posto denunció que la familia Marter Rivero le debía sueldos y que no le pagaba además lo que le ofreció. Se le adeudarían 13.000 euros (16.900 dólares).

Según un comunicado emitido este miércoles, la embajadora boliviana en Berlín, Elizabeth Salguero, aseguró que se comunicó vía telefónica con la afectada y buscó un encuentro que no se pudo concretar.

“La señora Ramos Posco no vino y nunca más se pudo tomar contacto directo con ella. Posteriormente, el Ministerio de Relaciones Exteriores alemán en coordinación con la embajada boliviana la citó (...) y ella contestó que se hará presente solamente con su abogado”, señala el documento.

Según la delegación diplomática, en la próxima cita donde estarán presentes representantes de la Cancillería alemana y de la embajada, las dos partes deberán presentar los descargos y la documentación que apoye el cumplimiento (o incumplimiento) del contrato laboral suscrito “al tenor de la normativa alemana”.

La embajada asegura que ha acompañado la verificación por parte de la organización Ban Ying, albergue que mantiene a Ramos Posco.

Según la nota de la legación boliviana en Alemania, en la vivienda de la familia Marter Rivero se tiene una habitación privada y acceso “a todos los servicios básicos, requisitos para una existencia digna”.

“Es necesario señalar que la visa extendida a la señora Ramos Posco en la República Federal de Alemania vencía en septiembre del años en curso y que la señora Ramos Posco cuenta con un pasaje de retorno a Bolivia adquirido por la familia Rivero Marter como parte del contrato”, concluye la nota.

Oficialismo pide explicación del fallo sobre retroactividad

Consideran que en la sentencia no se especifica cómo quedarán los procesos contra ex funcionarios.

 http://www.paginasiete.bo/2012-10-25/Nacional/NoticiaPrincipal/02Nal01261012.aspx

Página Siete / La Paz - 25/10/2012

APG
APG
El presidente del Tribunal Constitucional, Ruddy Flores.
El Movimiento Al Socialismo (MAS) espera una mayor explicación del Tribunal Constitucional Plurinacional sobre la sentencia que observa la retroactividad de la Ley de Lucha Contra la Corrupción, Marcelo Quiroga Santa Cruz.

El presidente del órgano de control constitucional, Ruddy Flores, explicó -el pasado martes- que esta norma o “cualquier otra que establezca tipos penales no puede ser aplicada de forma retroactiva cuando el hecho que se está juzgando no hubiera sido delito en su momento, cuando la pena fuera más gravosa que la que se pueda aplicar”.

El senador del MAS Eugenio Rojas afirmó que la sentencia 0770/2012 “se debe analizar con mayor profundidad porque no especifica mucho”.

El asambleísta explicó que en la ley anticorrupción se incluyó nuevos delitos penales y “puede que éstos no sean retroactivos. Tampoco (en la sentencia) lo aclaran muy bien, eso habría que discutir y esclarecer para que no haya confusión para quienes aplican la justicia”.

Estos nuevos tipos penales retroactivos serían, por ejemplo, el uso indebido de bienes y servicios públicos, enriquecimiento ilícito y enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado, que son retroactivos.

En el fallo emitido por el Tribunal se establece la constitucionalidad de la ley anticorrupción.

Para el senador del partido oficialista Adolfo Mendoza, la sentencia no interfiere en el trabajo del Órgano Legislativo. “Una cosa es la resolución de la sentencia, aspecto de la figura penal en cuestión, y otra es el criterio de la retroactividad que está bien definida en la Constitución Política del Estado. Son dos cosas distintas y que no contradicen ninguna acción del Legislativo”.

Para el jefe de Unidad Nacional (UN), Samuel Doria Medina, la sentencia es una señal de que la Ley 004 atentaba contra la Carta Magna. “El Tribunal dijo que con la Ley Marcelo Quiroga se estaba violando la Constitución al incluir la retroactividad”, y pidió que se identifiquen a los proyectistas de la norma.

Para el senador Rojas, lo que se debe hacer -a partir de la sentencia- es comenzar a elaborar la nueva Ley de Código de Procedimiento Penal. “El tema de retroactividad habría que debatir en otro espacio, cuando estemos trabajando el Código Penal”

   Finalmente, dijo que los procesos iniciados contra ex funcionarios bajo el amparo de la Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz deben continuar “pero aplicando la sentencia constitucional”.